Desertores norcoreanos acusan al régimen de tortura

Un tribunal surcoreano falló a favor de una desertora norcoreana que acusó a Pyongyang de tortura, sumando un precedente judicial poco frecuente a años de testimonios de fugitivos sobre las brutales condiciones del sistema de detención del régimen.

El 28 de agosto, el Tribunal Distrital de Seúl resolvió a favor de la demanda de indemnización presentada por Choi Min-kyung, presidenta de la Asociación de Familias de Víctimas de Prisión de Corea del Norte, quien reclamaba unos 36.300 dólares en compensación al régimen norcoreano. La audiencia se celebró sin representación de la defensa, ya que Pyongyang no reconoce la autoridad judicial surcoreana sobre sus ciudadanos.

Choi huyó de Corea del Norte por primera vez en 1997, pero las autoridades chinas la repatriaron a la fuerza en 2008 tras vivir indocumentada al otro lado de la frontera. Ya de vuelta, fue recluida en un campo de detención norcoreano, donde asegura haber sufrido torturas y violencia sexual. Actualmente radicada en Corea del Sur, pudo llevar su caso ante un tribunal surcoreano porque la Constitución de Seúl reivindica la soberanía territorial sobre toda la península coreana, y su ley de nacionalidad reconoce como ciudadanos surcoreanos a quienes nacieron en el Norte.

Su caso refleja un patrón más amplio y marcadamente desigual entre quienes huyen del régimen. Según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, las mujeres representaron el 72 % de la población desertora en 2024, en gran parte porque los hombres norcoreanos deben cumplir cerca de una década de servicio militar obligatorio, lo que limita su capacidad de escapar. La mayoría de los desertores cruza los ríos Yalu o Tumen hacia China antes de emprender la ruta, mucho más larga, por el sudeste asiático; la fuga solo se considera completa al llegar a una embajada surcoreana en Tailandia, Laos o Myanmar.

Ese trayecto por China conlleva riesgos propios. Pekín clasifica a los desertores norcoreanos como migrantes económicos ilegales, no como refugiados, y, bajo un acuerdo bilateral de 1986 con Pyongyang, suele detenerlos y repatriarlos. Human Rights Watch ha advertido que quienes son devueltos enfrentan un riesgo elevado de desaparición forzada, tortura, violencia sexual, trabajo forzado o ejecución bajo custodia norcoreana.

Las mujeres que transitan por China enfrentan además amenazas de trata y matrimonio forzado, una demanda alimentada en parte por el desequilibrio de género que dejó la antigua política del hijo único en China. Un informe de 2019 de Korea Future Initiative encontró que la mitad de las mujeres y niñas norcoreanas de entre 15 y 25 años que huyeron a China fueron vendidas a la prostitución, y alrededor del 30 % fue vendida a matrimonios forzados.

El Human Rights Research Center, que documentó el caso de Choi, pide a Pyongyang que ponga fin a la tortura y cierre sus centros de detención, e insta a China a cumplir sus obligaciones bajo la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados otorgando protección a los norcoreanos en lugar de devolverlos a los riesgos que describen las organizaciones de derechos humanos.